Protección penal de la seguridad en el trabajo: aproximación a la configuración del derecho penal en la

Abstract

Varias son las razones que me han llevado a elegir la protección penal de la seguridad en el trabajo como objeto de la presente investigación. En primer lugar, la relevancia social y económica que en la actualidad ha adquirido la problemática relativa a los “accidentes de trabajo”, y que ha motivado una respuesta por parte de los diferentes poderes que conforman el Estado.

En segundo lugar, entiendo que, tanto la nueva configuración dada por el legislador del 95 al anterior art. 348 bis a), como los cambios acaecidos en el ordenamiento jurídico-laboral, aconsejaban la realización de un nuevo trabajo en el que se analizaran los diferentes elementos que integran el delito contra la seguridad de los trabajadores a la luz de la actual redacción típica, recogida en el art. 316 CP, el nuevo sistema de obligaciones y derechos establecido en la LPRL y los diferentes reglamentos que la han desarrollado.

La necesidad de analizar las numerosas sentencias dictadas por nuestros Jueces y Tribunales constituye otra de las razones que me llevaron a acometer la presente investigación. En efecto, mientras que su precedente legal, el art. 348 bis a), pasó desapercibido para nuestra jurisprudencia, y consiguientemente, no pudo ser tomado en consideración por los autores que se ocuparon del mismo, el actual delito contra la seguridad en el trabajo, previsto en los arts. 316-318 CP se ha erigido en el objeto de más de 200 resoluciones desde que, en el año 1998, se dictara el primer fallo penal sobre la materia.

La inclusión de este delito en el ámbito del llamado “nuevo Derecho penal” constituye la última de las razones que me condujeron a optar por la elección de la protección penal de la seguridad en el trabajo como objeto de mi tesis doctoral. Ciertamente, el análisis de los diferentes elementos que integran el delito previsto en los arts. 316 y ss CP me ha permitido adentrarme, a su vez, en el estudio de algunas de las cuestiones político criminales y dogmáticas que, en la actualidad, suscita la intervención del Derecho penal en el ámbito de los “nuevos riesgos” .