Las injusticias de la capacidad. Una aproximación etnográfica al derecho vivido en la incapacitación judicial

Abstract

[spa] Esta investigación atiende a la práctica de la incapacitación judicial —o modificación de la capacidad de obrar—, un procedimiento de Derecho Civil en el contexto reciente del Estado español. Mientras existió, esta práctica fue aplicada a quienes se consideraba carentes de autogobierno, y de manera consuetudinaria a hombres y mujeres clasificadas bajo la categoría diagnóstica «discapacidad intelectual». Mediante la incapacitación judicial se buscaba establecer determinadas medidas de protección legal. Estas, sin embargo, solían estar acompañadas de la privación de derechos fundamentales, particularmente el derecho de sufragio. Además, en el procedimiento judicial la discapacidad era interpretada desde la perspectiva de lo que se conoce como Modelo Médico de la discapacidad, es decir, como el sustrato fisiológico de la deficiencia individual. Esta perspectiva constaba en los textos normativos que regulaban la práctica de la incapacitación judicial y en el procedimiento se traducía en representaciones que enfatizaban en las deficiencias para argumentar y asegurar la necesidad de protección. Esta enfatización era recibida por las personas que eran incapacitadas y por las que instaban los procedimientos (en general sus progenitores), como una representación que las inferiorizaba y las desposeía de sus capacidades. En ocasiones el procedimiento de incapacitación judicial generaba sentimientos de injusticia, concretamente cuando de este emanaba una sentencia percibida como demasiado restrictiva o que dictaba la privación de derechos. En algunos casos esto daba lugar a reivindicaciones; unas veces estas seguían los caminos formalmente estipulados para plantear recursos contra las sentencias judiciales; otras veces, ante la imposibilidad de actuar formalmente, las reivindicaciones adoptaban la forma de clamores de injusticia. De manera más amplia, estas dinámicas se encontraban enmarcadas en ideologías de larga duración sobre el fenómeno que actualmente se denomina «discapacidad intelectual». Para comprender este trasfondo, en primer lugar doy cuenta de ciertas perspectivas teóricas sobre la discapacidad. En segundo lugar, me ocupo de la dimensión semántica, mediante la revisión de la terminología utilizada en textos normativos durante los dos últimos siglos. Con similar perspectiva histórica, seguidamente, abordo algunos aspectos de la construcción social de la categoría «discapacidad intelectual». Este conjunto permite notar que la práctica de la incapacitación judicial estaba fuertemente influida por ciertos prejuicios y estereotipos, los cuales se plasmaban en algunos procedimientos y sentencias judiciales. Para aportar elementos que permitan comprender la dimensión vivida de la incapacitación judicial, presento una indagación etnográfica sobre ciertas cuestiones que suscitaba esta práctica. Por una parte, expongo la información de ciertos casos que permiten apreciar los sentimientos de injusticia y los agravios experimentados por personas afectadas por procedimientos de incapacitación judicial. Por otra, presento ciertas perspectivas críticas hacia la práctica de la incapacitación judicial manifestadas por algunas y algunos operadores jurídicos. Todo esto en los momentos previos a la reforma legislativa que, motivada por la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, vino a poner fin a esta práctica.

[eng] This research deals with a civil law procedure in Spain’s recent context: the practice of legal capacity deprivation. While it existed, this practice was applied to those considered to lack self-government and, more commonly, to men and women classified under the diagnostic category “intellectual disability”. Legal capacity deprivation sought to establish certain legal protection measures. However, this procedure used to be accompanied by the deprivation of fundamental rights, particularly the right to vote. In this procedure, disability was interpreted from a view based on what is known as Medical Model of Disability. This view was also present in the legal system, particularly in the text of the law. In the procedure, this view was translated into representations that emphasized the deficiencies to argue the need for protection and ensure it. This emphasis was perceived by those deprived of their legal capacity and by those who requested the procedures (in general, their parents) as representations that singled them out as inferior and diminished their abilities. Sometimes the feelings of injustice generated by the judicial procedure gave rise to new claims; sometimes they followed the formally stipulated paths (court appeals); and other times, faced with the impossibility of taking formal action, the demands took the form of injustice clamors. More broadly, these dynamics were framed by long-standing ideologies about the phenomenon nowadays known as “intellectual disability”. To understand this background, I first give an account of certain theoretical perspectives on disability. Second, I deal with the semantic dimension by reviewing the terminology used in normative texts during the last two centuries. With a similar historical perspective, I then address some issues concerning the social construction of the category of “intellectual disability”. This set makes it possible to note that legal capacity deprivation was strongly influenced by certain prejudices and stereotypes, which are reflected in some procedures and verdicts. To provide elements that allow us to understand the lived dimension of legal capacity deprivation, I present an ethnographic inquiry into certain issues raised by this practice. On the one hand, I expose certain cases that allow us to appreciate the feelings of injustice and the grievances experienced by people affected by procedures of legal capacity deprivation. On the other hand, I present certain critical accounts expressed by some legal professionals. This research was conducted before the legislative reform that, motivated by the adoption of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, put an end to this practice.