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La realización de esta investigación, basada en el estudio de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos así como de las leyes autonómicas que la complementan, permitió constatar que la regulación de la Administración electrónica en España, si bien dispersa y mejorable en algunos aspectos, contaba ya con un alto grado de consolidación; y que era necesario enfocar el estudio hacia normas que dieran cobertura a instituciones más novedosas. Este era el caso de la transparencia, sólo regulada, en ese momento, por algunas Leyes de carácter autonómico, mientras se fraguaba un proyecto normativo que, posteriormente, daría lugar a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG), hoy vigente.
Las circunstancias anteriores pusieron de relieve la conveniencia de analizar con detalle las legislaciones más avanzadas en materia de transparencia a nivel comparado; siendo preferible, por la amplitud de cuestiones abarcadas por la transparencia, centrarnos en un ámbito concreto de la actuación administrativa, lo que llevo a estudiar las implicaciones de esta institución en relación al ejercicio de la potestad reglamentaria.
Esta tesis trata sobre la transparencia administrativa en el ejercicio de la potestad reglamentaria; analizándose así las concretas implicaciones que el conocimiento, la participación y la rendición de cuentas, como elementos configuradores de la transparencia, adquieren en los procedimientos de elaboración de reglamentos estatales y autonómicos.
El ejercicio de la potestad reglamentaria, especialmente a nivel estatal y autonómico, es una cuestión que, tradicionalmente, ha recibido en nuestro ordenamiento jurídico una escasa atención, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Siendo pocos los preceptos constitucionales, estatutarios y legales dedicados a esta cuestión, en ellos quedan indeterminados muchos aspectos relevantes respecto a los términos en los que la Administración debe ejercer sus potestades normativas; circunstancias que son el origen y causa de muchos de los problemas que, en la actualidad, se suscitan en torno a la elaboración de reglamentos.
Efectivamente, ya hace años e, incluso, décadas, que el ejercicio de la potestad reglamentaria se presenta por la doctrina, la jurisprudencia y los órganos consultivos superiores de la Administración como una cuestión problemática; siendo los ciudadanos los que padecen las peores consecuencias que de ello se derivan. Ellos son los principales destinatarios de centenares de reglamentos aprobados cada año que, en muchas ocasiones, no sólo no se integran adecuadamente en el ordenamiento jurídico preexistente; sino que, incluso, llegan a contradecirlo, y en los que los errores, tanto de forma como de fondo, son más que frecuentes, a pesar de la función de auténtico filtro jurídico que cumplen el Consejo de Estado y los órganos consultivos autonómicos equivalentes. Adicionalmente, aunque las normas reglamentarias tienen en la realidad social y económica un enorme impacto, para la mayor parte ciudadanos éstas constituyen un elemento extraño, pues los términos en los que se configura la participación ciudadana no invitan a que éstos sean parte activa en su elaboración. Esta falta de implicación de los ciudadanos es colmada, en muchas ocasiones, por las actuaciones llevadas a cabo por grupos de interés o lobbies; sujetos cuya intervención en este procedimiento especial carece de regulación, lo cual determina que, en muchas ocasiones, las normas aprobadas por la Administración se aparten de los intereses generales, en favor de los intereses de unos pocos.
En este contexto, se plantea como hipótesis en esta tesis si la transparencia administrativa puede erigirse como una solución eficaz a los problemas que, en la actualidad, suscita el ejercicio de la potestad reglamentaria, de forma que esta institución sea el centro de gravedad de una reforma legislativa que se plantea ya como ineludible.
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